A continuación el artículo de Allan Astorga, geólogo, profesor de la UCR y Javier Baltodano, geólogo de CoecoCeiba sobre el cianuro, sustancia química utilizado en la explotación a cielo abierto - en este caso para el Páramo de Santurban, Santander - para separar el mineral de la roca, contaminando mortalmente el agua y afectando el medio ambiente.
El cianuro es una sustancia química compuesta por hidrógeno y nitrógeno que es conocida comúnmente por su letal característica de ser un veneno altamente tóxico. No obstante, es una sustancia que existe en la naturaleza y a la cual el ser humano le ha dado muchos usos, principalmente en la industria. En la minería metálica se aprovecha una propiedad que tiene para separar los metales, particularmente el oro, de las rocas molidas, mediante un proceso que se llama lixiviación. Este último proceso exige grandes cantidades de agua: para obtener, por ejemplo, 1,21 gramos de oro en Crucitas, se deberán triturar y tratar 1.000 kg de material (roca) utilizando 2.000 litros de agua.
Internacionalmente se acepta que el agua potable contenga cuando mucho 0,2 partes de cianuro por millón de partes de agua (0,2 ppm). A su vez, en el aire se permite como máximo 10 partes de cianuro por un millón de partes de aire (10 ppm).
La minería metálica utiliza para hidrometalurgia el 6% del cianuro empleado en el mundo, con lo que sustituyó al antiguo método de extracción por amalgamado de metales preciosos con mercurio. El cianuro no es persistente ni asfixiante, ya que en la naturaleza se destruye por acción de la luz solar (por medio del ozono), descomponiéndose por oxidación en gases de óxido de carbono y de nitrógeno.
Hay que tener mucho cuidado al manejar el cianuro, para efectos de prevenir el contacto dañino de parte de los trabajadores. Peligros: para las personas es muy tóxico por inhalación, en contacto con la piel y por ingestión. Causa quemaduras en la piel y ojos y hasta la muerte por ingestión directa. Una porción de cianuro más pequeña que un grano de arroz sería suficiente para matar a un adulto. La exposición a largo plazo a una dosis subletal podría ocasionar dolores de cabeza, pérdida del apetito, debilidad, náuseas, vértigo e irritación de los ojos y del sistema respiratorio.
Para el medio ambiente: en contacto con ácidos libera cianuro de hidrógeno, un gas muy tóxico. Para las plantas y los animales, el cianuro es extremadamente tóxico. Derrames de cianuro pueden matar la vegetación e impactar la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. En cuanto a los animales, el cianuro puede ser absorbido a través de la piel, ingerido o aspirado. Concentraciones en el aire de 200 partes por millón de cianuro de hidrógeno son letales para los animales, mientras que concentraciones tan bajas como 0,1 miligramos por litro son letales para especies acuáticas sensibles. Concentraciones subletales también afectan los sistemas reproductivos, tanto de los animales como de las plantas.
En el proceso de lixiviación, para extraer el oro de unas 6.400 toneladas de roca molida al día, como en el caso de Crucitas, se requerirían 1.500 kilogramos de cianuro (según datos del estudio de impacto ambiental (EsIA) de Crucitas del 2002). Esto significa que en un mes se consumirían 45.000 kilos de cianuro y en un año cerca de 540.000 kilos. En 9 años, que es aproximadamente la vida útil del proyecto, se requerirían cerca de 5 millones kilogramos.
Todo el ciclo. Debido al carácter altamente tóxico del cianuro, el problema no lo representa solamente su uso en el proceso de extracción minera, sino todo su ciclo, es decir, desde su acarreo (vía terrestre o aérea) hasta la mina, su almacenamiento, su manejo, el procesado minero mismo, las emisiones gaseosas que se producen, las infiltraciones al suelo, las aguas residuales que se producen con cianuro y hasta los mismos desechos de rocas molidas, que quedan impregnados de cianuro y metales pesados liberados por el proceso.
En minería metálica se suma a esta problemática la cantidad de material que se procesa diariamente, que en el caso de Crucitas será de 6.400 toneladas diarias en promedio y durante nueve años. A diferencia de otras industrias, en minería, por el costo, los desechos tienen que disponerse lo más cerca posible de la mina. En Crucitas esos desechos (aguas y roca molida con cianuro y metales pesados, entre ellos se encuentran arsénico, antimonio, cadmio, cromo, plomo, níquel, selenio, talio, que serán naturalmente liberados por la molienda de la roca de la cual solo se extraerá el oro y la plata) se dispondrán en un lago artificial, de casi 150 hectáreas, el cual debería perdurar durante muchos años o décadas después de que la minera se haya cerrado.
Recientemente, en mayo del 2010, el Parlamento Europeo, en su Resolución Nº 2010-0145, declaró que “el cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería del oro y en la directiva marco sobre política de aguas, está clasificado como uno de los principales contaminantes. Puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente”. En esta misma resolución se establece que la minería no crea empleo real ni duradero y que “es una industria insegura”. Además, recuerda que hubo accidentes, y advierte que los seguirá habiendo. Se señala, además, que tanto la salud humana como el ambiente corren peligro con la minería en base a cianuro.
Recuerda que en los últimos 25 años se registraron más de treinta accidentes importantes relacionados con el uso de cianuro. También se reconoce que -a pesar de los controles, leyes y promesas empresarias- “no existe ninguna garantía real de que no se vuelva a producir un accidente semejante”.
Ante todo esto, se recomienda prohibir el uso del cianuro en la minería y se solicita una moratoria al 2011 para toda actividad minera con base en cianuro en el Viejo Continente. Aspecto que debe llevar a la reflexión a los países en vías de desarrollo, como Costa Rica, caracterizados, a diferencia de Europa, por contar con una legislación ambiental y minera más débil y permisiva, así como instituciones y entidades de control ambiental con capacidades muy limitadas y, para colmo de males, con condiciones ambientales y sociales mucho más frágiles (suelos tropicales muchos más vulnerables que los suelos en Europa, fenómenos climatológicos más impredecibles como sequía, o aumento importante del régimen de precipitación, sin hablar de huracanes, cuya ruta pasa al Sur de Nicaragua e impacta con su cola la Zona Norte).
Mal negocio. El caso de Crucitas es un ejemplo muy claro, pues además del enorme riesgo que implica el uso del Cianuro, durante casi 10 años de operación de la mina, en un sitio con precipitaciones del orden de los 3.500 mm/año o más, vulnerable al paso de huracanes, rico en recursos hídricos que drenan hacia el Río San Juan, un río limítrofe, lo que haría que un accidente de contaminación genere un problema ambiental, social y político de dimensiones colosales; también se suma el hecho de que para la ejecución el proyecto debe eliminar casi 200 hectáreas de bosque natural, con gran potencial de biodiversidad, mucha de ella ni siquiera registrada aun por el INBIO, un suelo de buena calidad, e impactar de forma directa dos acuíferos en el subsuelo. Todo esto, para extraer oro, cuyos principales y mayores beneficios se irán fuera del país, a las arcas de la empresa minera, dejando beneficios muy limitados a las comunidades -comenzando por un canon minero vetusto del 2% sobre regalías del Código de Minería, que el anterior Gobierno, en una propuesta de revisión, quiso rebajara a 1,5 %, y una situación incierta sobre los riesgos al que quedaría expuesta la laguna de relave una vez que la empresa se vaya dentro de 11 años. Recordemos que, mientras un cierre técnico de un relleno sanitario es de 15 años según nuestra legislación, en el caso de Crucitas están previstos tan solo 18 meses de cierre técnico. En otras palabras: "Una vez retirada la empresa, que corra el país con los problemas acaecidos, ya no es nuestro problema".
Crucitas y la lucha que se está dando por parte de la sociedad costarricense, que en un porcentaje cercano al 90% se opone a la minería metálica, es un símbolo no solo para Costa Rica, sino para muchos de los países tropicales y, en general, para los países en vías de desarrollo, de cómo un país puede hacerse respetar y obligar a que respete un modelo de desarrollo socioeconómico y ambiental, verdaderamente sostenible, y no solo basado en el beneficio de un reducido grupo bajo el sacrificio de una mayoría, incluso de aquellos que todavía no han nacido.
martes, 31 de agosto de 2010
domingo, 29 de agosto de 2010
domingo, 22 de agosto de 2010
LIBRO SOBRE CAPTURA MAFIOSA DEL ESTADO COLOMBIANO - ENTREVISTA A CLAUDIA LÓPEZ
POLITÓLOGA CLAUDIA LÓPEZ PRESENTÓ LIBRO SOBRE CAPTURA MAFIOSA DEL ESTADO COLOMBIANO "CON LA PARAPOLÍTICA, COLOMBIA HA SUFRIDO TRES VECES MÁS VIOLACIONES QUE LAS DICTADURAS DEL CONO SUR SUMADAS" | ||
| POR JUANITA LEÓN Con motivo de la presentación de un libro sobre cómo las mafias y el paramilitarismo capturaron el Estado colombiano con la complicidad en buena medida de gobernantes de la catadura de Álvaro Uribe Vélez, la directora del portal web www.lasillavacía.com, Juanita León, realizó la siguiente entrevista con la politóloga e investigadora social, Claudia López, quien coordinó este revelador trabajo bibliográfico. Claudia López se hizo famosa con sus investigaciones sobre la parapolítica, que revelaron los vínculos entre los políticos y los paramilitares que hoy tienen encausados judicialmente a 97 congresistas. En la Feria del Libro de Bogotá lanzó el segundo capítulo de esta investigación. "Y refundaron la patria... de cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano". Es el resultado de una extensa investigación coordinada por ella pero realizada por 15 investigadores de la Corporación Nuevo Arcoiris, Grupo Método de Luis Jorge Garay, Congreso Visible, Dejusticia y la MOE. Esta es una entrevista sobre sus resultados. |
| |
| ¿Por qué decidió escribir este libro? Claudia López: Arrancamos porque me descrestó la teoría de Luis Jorge Garay sobre la captura y reconfiguración del Estado. Él se pregunta qué pasa cuando no es un privado el que trata de inhibir a un regulador público en beneficio de un interés económico -que es lo normal- sino que se trata de toda una estructura de poder tratando de capturar al Estado a través de la violencia. Mi pregunta es por qué si el que tiene plata y capacidad de chantaje tiene cómo capturar al Estado, los paramilitares y los narcotraficantes han sido más eficaces en esta captura que los guerrilleros. ¿Y qué descubrió? Que no basta tener armas y dinero para capturar al Estado. Hay tres diferencias que definen la capacidad sostenida de captura del Estado entre los paras, las Farc y el Eln: el capital social, la visión del poder político y su caracter pro o antiestatal. Es como raro pensar en capital social en relación con los paramilitares o los guerrilleros. El capital social es con quién te relacionas, cuáles son tus contactos y qué puertas te abren esos contactos. El capital social de la guerrilla es pobre, sus contactos son marginales política y económicamente. En cambio, el narcotráfico y los paramilitares son hijos del poder. Nacieron al lado de élites políticas y econónmicas que además les dieron cobertura legal hasta 1986. Esa enorme conexión con el poder les permite llegar a altos niveles del Estado. La guerrilla es anti-Estado mientras que los paramilitares y el narcotráfico son pro-Estado, pro capitalismo, y saben cómo operar dentro de él. ¿Y estas diferencias entre paras y guerrilleros cómo hace que sean diferentes la Farc política de la parapolítica? La Farc política consiste en matar políticos y su judicialización sigue en un parte en la impunidad. Descubrimos que entre las Farc y el Eln mataron a tres de cada cuatro políticos asesinados o secuestrados en los últimos 20 años y mientras tanto, los paras ponían candidatos únicos en las alcaldías y gobernaciones. ¿Cómo fue que operó esa captura del Estado? En la teoría de captura del Estado, se supone que el capturador es un privado que está por fuera del Estado. Pero en esta investigación concluimos que aquí la captura ha sido invertida. Han sido los legales, los empresarios, los políticos, los de la Fuerza Pública, quienes fueron a instrumentalizar a los ilegales para consolidar su propio poder. En una entrevista que le hice a Ernesto Báez, me dijo que en el 98 no daban abasto con tanta gente llamándolos y que por eso tuvieron que crear franquicias. A mí me sonó un poco fantoche. Pero en el 2007, le preguntaron a Mario Iguarán quién había buscado a quién. Su respuesta fue que luego de analizar los casos, pensaba que mayoritariamente los políticos fueron quienes buscaron a los paras. En el libro vamos departamento por departamento viendo quién buscó a quién y concluimos que fue una captura invertida. ¿Pero, por ejemplo, los políticos tenían alguna alternativa? Esa es la gran discusión de Juan Manuel López con la Corte. Pero López y su tío y su familia se habían inventado a Mancuso, que luego se les volvió una amenaza. Mancuso fue promovido por esas élites. Es lo que pasa siempre, en una alianza de este tipo el que tiene las armas termina imponiéndose sobre el que tiene capital político. Le pasó también al Partido Comunista con las Farc. Los políticos se inventaron a Jorge 40, lo financiaron; en 2002, él dijo quién podía hacer campaña y, en 2006, le cobró a sus aliados por dejarlos hacer campaña. En retrospectiva, viendo todo lo que pasó con la parapolítica, ¿se puede decir que consiguieron su objetivo? Mientras lo pudieron disfrutar, reconfiguraron el mapa político. Se legitimaron a través del proyecto uribista. La Corte logró sacar con ganzúa a unos pocos. El espectro político cambió de manera dramática. El país quedó en la centro derecha y se demorará muchos años allí. Hay posibilidades de cambiar porque en la política nada es estático. ¿Cuál fue la magnitud de la captura? ¿Somos un Estado mafioso? Con los datos judiciales, lo que se ha conocido a través de los procesos de Justicia y Paz y de la Corte Suprema, es razonable concluir que una tercera parte de los cargos de elección popular tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo han sido capturados por los ilegales. No es un narco-Estado pero tampoco se trata de unas cuantas manzanas podridas. ¿Cuál fue el rol que jugó Uribe en todo esto? No hay pruebas que hasta ahora lo vinculen directamente con estructuras ilegales. Pero es claro que todos los ilegales de derecha se insertaron en su proyecto político y él no hizo nada para evitarlo. Ocho de cada 10 parapolíticos eran de su coalición. En el libro, Francisco Gutiérrez demuestra estadísticamente que el Uribismo atrae a más ilegales. ¿Pero es por que los ilegales se ven atraídos hacia el que tiene el poder o hay algo estructural en el uribismo que los atrae? Hay una convergencia de intereses políticos y económicos. Uribe podía elegir con quién gobernar y él hundió todas las reformas que los hubieran castigado. Él les dio un recibimiento deliberado y activo. Les dio el Das y el Incoder. En muchas instancias nacionales pero con representación regional, también les dio participación: la Universidad de Córdoba, varias corporaciones autónomas regionales. ¿Cómo se explica que esto sea así y al mismo tiempo haya propiciado la desmovilización de los paramilitares, y que tantos parapolíticos hayan terminado tras las rejas durante su mandato? El mérito de Uribe fue legitimarlos incorporándolos en su fuerza política o desmovilizándolos. No entiendo cómo se legitiman extraditándolos. Estás pensando en los narcoparas como si fueran el virus. Lo que dice la Corte Suprema de Justicia es que son estructuras organizadas de poder. Por ejemplo, Álvaro García está preso y su socio militar, Cadena, está desaparecido. Pero su estructura de poder se reinventó. No importan los nombres de las personas, sino la estructura de poder. Los políticos pueden reinventarse. ¿Cómo funcionan exactamente esas estructuras de poder? En el libro rearmamos las estructuras de poder de los congresistas que han sido investigados por parapolítica. Rastreamos su trayectoria electoral entre 1997 y 2007. ¿A qué alcaldes, a qué gobernadores habían apoyado? Y una vez elegidos, ¿a quién apoyaban? No todos eran bandidos, pero da una idea de la capacidad de penetración política del investigado. Mostramos cómo fueron mutando. ¿Es hoy Colombia un país más mafioso que hace 10 años? Sí, claro. Lo medimos desde 1982, cuando Pablo Escobar llega al Congreso con 16.650 votos., menos del 0.2 por ciento del Senado en esa época. Medimos cómo fue creciendo la representación de la mafia. Pasamos al 8.000, cuando tenían entre el 12 y el 16 por ciento de las curules, a la parapolítica, donde tenían el 35 por ciento del Senado. Se triplicaron. El libro acaba en el 2009. En las últimas elecciones, la mafia no logró crecer su representación política en el Congreso. Los congresistas investigados tenían candidatos para ocupar el 40 por ciento del Senado, pero solo consiguieron el 29 por ciento de las curules. Por primera vez desde 1982, no pudieron crecer. ¿Qué cambió? ¿Cómo se explica esa buena noticia? Ha cambiado el nivel de control judicial y social. La justicia se les atravesó. La Fiscalía, con los procesos de Justicia y Paz, y la Corte Suprema de Justicia con la judicialización de los parapolíticos y sobre todo la Corte Constitucional que frenó los proyectos de ley con los que pensaban reconfigurar el Estado. ¿Qué hicieron realmente en el Congreso los parapolíticos? Elizabeth Ungar con Congreso Visible encontró que los parapolíticos no tuvieron iniciativa como bancada legislativa. No fueron más activos ni más exitosos en pasar sus proyectos de ley y no encontró una diferencia sustancial entre la actividad de los congresistas investigados y los no investigados. Entonces, ¿a qué fueron al Congreso? Descubrimos que son una bancada en su condición de uribistas. Si bien eran el 35 por ciento del Senado, constituían el 53 por ciento de la bancada uribista en esa coporación, es decir eran mayoría. Y una mayoría que para cualquier gobierno es un paraíso. No hablan, no sugieren, votan lo que el ministro les diga. Lo que los convierte en una bancada capaz de reconfigurar la política es ser parte estructural de la bancada de gobierno. Estudiamos ocho leyes en las que tenían interés: las cuatro de economía agraria, la de Justicia y Paz, las dos reformas políticas y la reelección. Cuando se escudriña el trámite de estas leyes de iniciativa gubernamental lo que ocurre es que se aprobaban normas cuya aplicación podía beneficiar tanto los intereses legales como los ilegales. Las leyes que abiertamente beneficiaban a los ilegales se hundieron, como la de Rocío Arias para eliminar la extradición. Pero cuando metieron la suspensión de la extradición dentro de Justicia y Paz, que era iniciativa del gobierno, ahí sí pasó. ¿Cómo es esa patria refundada por ellos? Es una sociedad que pasó de la intolerancia a la legitimación de los ilegales; es de centro derecha incluida la derecha ilegal; la porción de país que se ha beneficiado del narcotráfico logró legitimarse, con el discurso anti-Farc y anti-izquierda. Una tercera parte de los enemigos de la democracia está adentro. Hace más daño una tercera parte agazapada dentro del Estado que un Estado abiertamente tomado por una dictadura, por lo menos en términos de vidas. Ciento sesenta y cinco mil colombianos pagaron con su vida este chistecito. Tuvo costos humanitarios y de corrupción brutales. En ese proceso de 20 años, Colombia en democracia sufrió tres veces más violaciones que las dictaduras del Cono Sur sumadas. Ellos tuvieron 10 mil desaparecidos, Colombia 31 mil. Ningún otro país del continente, ni siquiera Guatemala, ha registrado 1.300 masacres. En términos de corrupción, los economistas dicen que el narcotráfico representa dos puntos del PIB en Colombia. Si uno suma los estimativos de la Contraloría sobre lo que le cuesta la corrupción a Colombia equivale a entre 1,1 y 1,5 por ciento del PIB. Es un negocio tan rentable como el narcotráfico. Es el resultado de usar su posición aventajada dentro del Estado. Garay tiene la teoría de que hay una integración vertical entre la corrupción y el narcotráfico. ¿Cómo así? Sí, la corrupción se ha vuelto una forma de lavado de capitales del narcotráfico. Antes, construían un edificio con los dólares negros. Pero si logran hacer una troncal mediante una concesión, es mucho más eficiente para lavar dinero. Una zona franca puede lavar miles de millones de pesos y descubrirlo es muy difícil. ¿Para qué hicieron todo esto? Hay intereses convergentes pero separados. Uno se pregunta qué lleva a Caballero, a Vives o Araújo a hacer eso si ellos ya tenían poder, ya eran la élite. Nuestra hipótesis es que era una resistencia a las reformas democráticas de la Constitución de 1991, una reacción para mantener el status quo y no ceder poder. La circunscripción nacional del Senado amenazaba los feudos regionales; el Senado se redujo de 114 curules a 100; no sólo competían entre los que ya estaban sino que cualquiera podía crear un partido polítitico. Y además, los ciudadanos, a través de la tutela, podían exigir derechos. Todo esto amenaza su poder. En un libro que encontraron de Jorge 40, él decía textualmente que cuando fue a una instrucción, le explicaron que la Constitución era comunista. Su otro objetivo era no dejar modificar el régimen de tierras. Y encima, creían que la guerrilla se iba a tomar el poder por las armas o a través de la negociación del Caguán. La última razón es que cada vez hay más crímenes que necesitan impunidad. No puedes soltar el poder político, porque lo necesitas para influir sobre lo judicial para asegurarte impunidad. ¿Qué representa Santos en todo esto? Dentro de ese proyecto de derecha, una visión más moderna, más global. A los del PIN los trata como a la amante, y eso les quita poder. Mientras que Uribe fue a condecorar al gobernador Abadía ya destituído, Santos no se va a reunir con ellos. Los usan, pero como diría Turbay, "en sus reales proporciones". Si el centro derecha legal tiene sentido de clase y de supervivencia tiene que hacer este proceso o si no, los otros los pueden sustituir como élite. ¿Qué viene ahora? Yo creo que en estas elecciones se da una reconfiguración de fuerzas al interior del proyecto de centro derecha. Los de la derecha legal ganaron las elecciones. Uribe tenía razón en que él era el único que podía perpetrar ese proyecto unido de la derecha legal e ilegal. El candidato que se pidió representar esa unidad era 'Uribito' pero perdió. Santos era el Plan C. Pero ha dado muestras de distancia de ese proyecto muy rápido. En el Congreso lograron menor representación. Eso lo que demuestra es que todos los artículos periodísticos, todos los libros, todas las sentencias sí han servido. ¿Qué significa personalmente para usted este libro? Como investigadora me da satisfacción porque me topé con la parapolítica por casualidad. Así descubrí los nombres de la punta del iceberg. Pero con este libro entendí el iceberg. Pero lo malo de ser una investigadora es que uno responde una pregunta y termina con otras dos. ¿Y cuál es la pregunta más grande con la que se queda? La relación entre el narcotráfico y la corrupción. También hay un tema que tiene que ver con la participación de un sector de la fuerza pública en todo esto. Es una caja negra y si la sociedad no enfrenta la impunidad de ese sector se puede reproducir otra guerra, en parte para mantener la impunidad. Esta guerra se acaba no solo desarmando a las Farc sino también a ese sector militar vinculado al paramilitarismo. www.lasillavacia.com, agosto 19 de 2010. | ||
"DIRIGENCIA POLÍTICA TRADICIONAL DE COLOMBIA HA MANIPULADO A E.U. PARA SUS PROPIOS INTERESES"
El director del Observatorio Sociopolítico Latinoamericano, CRONICON.NET,
Fernando Arellano Ortiz, durante la entrevista con el politólogo estadounidense
y profesor de Georgetown University, Marc Chernick.
Si bien Estados Unidos es un actor directo en el conflicto interno de Colombia, los dirigentes del bipartidismo tradicional de este país "han manipulado a los gobiernos de Washington para favorecer sus propios intereses", sostuvo el politólogo norteamericano y director académico del Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown University, Marc Chernick, durante la presentación de un trabajo investigativo del decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central, Diego Otero Prada.
Chernick, un investigador sobre la realidad social y política colombiana hace más de treinta años, autor del libro "Acuerdo posible" (ediciones Aurora, 2008), es enfático en señalar que "una paz negociada no es sólo posible sino indispensable. Es el sine qua non para dilucidar una Colombia en posconflicto, democrática y más justa".
En desarrollo de la presentación del trabajo bibliográfico de Otero Prada en la Feria del Libro de Bogotá, el cual lleva por título "El papel de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano. De la Doctrina Monroe a la cesión de siete bases militares" (ediciones Aurora, 2010), Chernick trajo a colación algunos ejemplos de cómo distintos gobiernos de Bogotá han manipulado para favorecer sus propios intereses al poder político de Washington.
El caso del gobierno de Laureano Gómez Castro (1950-51) es muy diciente de esa manipulación, sostuvo Chernick, al explicar que este mandatario conservador envió un batallón a la guerra de Corea (junio de 1950 a julio de 1953) fundamentalmente por dos razones: "primera porque se quería deshacer de varios oficiales militares liberales, y dos, porque buscaba comprar armas a Estados Unidos con el propósito de enfrentar el conflicto interno con al Partido Liberal".
Este acercamiento del gobierno de Gómez Castro con Washington sirvió para que en 1952 se firmara el Tratado de Asistencia Militar que fue definitivo como marco jurídico y político para la injerencia de Estados Unidos en Colombia, explica este politólogo norteamericano.
NO EXISTE SOLUCIÓN MILITAR DEL CONFLICTO
Para este investigador con estrechos nexos familiares y profesionales con Colombia y quien además se ha dedicado a estudiar en profundidad la realidad social y política de este país a partir de la segunda mitad del siglo XX, "no existe solución militar al conflicto armado interno", pues la realidad lo demuestra: "a pesar del sostenido incremento de la capacidad de las Fuerzas Armadas, iniciado en el periodo de César Gaviria, y acelerado durante los mandatos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, el Estado sigue siendo incapaz de derrotar a la guerrilla".
Para Chernick, "en Colombia la paz consiste, fundamentalmente, en la construcción de un régimen incluyente y participativo y de una presencia legítima, legal, respetuosa y proveedora del Estado a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto no es posible determinarlo, -agrega- ni ahora ni en el futuro, en el campo de batalla. A pesar de muchas opiniones contrarias, la fortaleza militar no será decisiva para estructurar los acuerdos de paz. Se necesitan otras iniciativas y estrategias de negociación".
No obstante que en su libro "Acuerdo posible" hace un pormenorizado análisis de los procesos de negociación que se han realizado con la guerrilla de las Farc, ninguno de los cuales ha llegado a buen puerto, este "colombianólogo" concluye que la única forma de alcanzar la paz es a través de una fórmula negociada.
POSIBLE AGENDA DE NEGOCIACIÓN
Entre los temas que Chernick considera obligados en una posible negociación futura entre Estado y guerrilla, destaca: reforma agraria, cese a la violación de los derechos humanos por parte de todos los actores, reorientación de las Fuerzas Armadas y la Policía para que garanticen la paz interna después del conflicto, incorporación de los guerrilleros a la arena electoral, acuerdos de política social y distribución de los recursos nacionales, y conformación de una comisión de verdad y reconciliación de posconflicto.
Lo más extravagante de esta guerra, dice, "es que ni ideológica ni políticamente las diferencias son insalvables".
Sobre el efecto directo que tiene el narcotráfico en el conflicto colombiano, sostiene que éste no es la causa, sino una manera de financiación de los grupos armados y ve un doble discurso del gobierno colombiano cuando solicita la solidaridad de la comunidad internacional. "Uno es el conflicto regional en el que pide organizarse en contra del terrorismo y el narcotráfico en Colombia, pero cuando habla de salida negociada, no quiere que la comunidad internacional se meta, porque es un problema interno", señala.
En su opinión, "los repetidos fracasos e interrupciones de los procesos de paz durante seis periodos presidenciales consecutivos demuestran, de manera convincente, que la paz es demasiado importante como para dejarla exclusivamente en manos de los combatientes o de las partes en conflicto. Por tales razones se requiere de observadores, mediadores o facilitadores ajenos al conflicto para que intervengan en un proceso de paz".
Portada del libro de Marc Chernick sobre el conflicto armado colombiano.
Sobre la injerencia cada vez mayor de Estados Unidos en Colombia, Chernick, se preguntó qué va hacer ahora el gobierno de Washington tras la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional del acuerdo del 30 de octubre del 2009 que permitía al Comando Sur la utilización de por lo menos siete bases militares colombianas.
¿Será que Estados Unidos va a sacar a su personal que ya está instalado en esas bases mientras se negocia un nuevo tratado de asistencia militar?, se pregunta el politólogo, y a renglón seguido añade: ¿quién controla eso?
COLOMBIA, PRIMER LABORATORIO DE GUERRA IRREGULAR ANTES DE VIETNAM
Aprovechando su presencia en la Feria del Libro de Bogotá, el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano WWW.CRONICON.NET, dialogó con este catedrático norteamericano, quien ha estado vinculado como profesor visitante a las Universidades de Los Andes y Nacional, así como al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), liderando una investigación sobre alertas tempranas y prevención de conflicto.
- Usted sostiene que la dirigencia política tradicional colombiana en su afán por proteger sus propios intereses ha manipulado a los gobiernos estadounidenses. ¿En ese sentido, tanto la élite dominante colombiana como el poder político de Washington han sido funcionales mutuamente?
- Sí, ese es mi planteamiento y leyendo el libro de Diego Otero Prada, "El papel de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano", me di cuenta que siempre ha habido intereses de orden político para el mantenimiento del sistema por parte de la clase política tradicional. A mediados del siglo XX, en los años 40 y 50 por ejemplo, muy hábilmente algunos dirigentes conservadores aprovecharon la preocupación norteamericana por el comunismo para conseguir armas para la guerra contra los liberales. En los años 60, 70 y 80 la dirigencia colombiana aprovechó igualmente la Guerra Fría para hacer la guerra contrainsurgente. En las décadas del 90 y del 2000 han utilizado la preocupación de Estados Unidos por el tema del narcotráfico para lograr en el orden interno seguridad, y con la cuestión del terrorismo han hecho lo mismo, por eso Estados Unidos se ha metido mucho en este conflicto, pero nunca hubiera logrado tener tanta injerencia sin la astucia de la élite colombiana.
- Usted puso de ejemplo el caso concreto de Laureano Gómez, quien para conseguir armas en Estados Unidos con el propósito de confrontar a los liberales en los años 50 del siglo XX, en su gobierno envío un batallón a la guerra de Corea. Saltándonos en el tiempo, ¿un gobernante funcional como Álvaro Uribe a los intereses de Estados Unidos, como se benefició del poder político norteamericano?
- Como en Colombia ha habido una insurgencia con cauces sociales y económicos complejos, lo que hizo muy hábilmente el ex presidente Álvaro Uribe es haber adoptado todo el lenguaje del terrorismo y le dijo al gobierno de Estados Unidos: aquí tenemos una guerra contra los terroristas. De esta manera, Colombia se convirtió el único frente contraterrorista no musulmán en el mundo y para Washington eso es una prioridad. Entonces, el Plan Colombia que se concibió dentro del marco contra el narcotráfico se volvió una estrategia antiterrorista. Uribe manejó eso con mucha astucia como lo hicieron sus antecesores en otras épocas.
- Otro elemento de su análisis es que Colombia sirvió a Estados Unidos de laboratorio en la guerra antirregular, antes que Vietnam…
- Esto es fascinante desde el punto de vista investigativo, es una historia casi no escrita que hay que profundizar más. El profesor Diego Otero en su libro trae algunas referencias documentales, lo cierto es que gracias al Batallón Colombia que fue a Corea se suscribió el programa de asistencia militar estadounidense en 1952, en virtud del cual vinieron asesores norteamericanos y aquí se experimentaron varias tácticas contrainsurgentes. Este fue el primer laboratorio para Estados Unidos de la guerra irregular antes de Vietnam.
- Otra de sus afirmaciones es que los campesinos liberales que se organizaron en autodefensa en los años 50 y que posteriormente desembocaron en guerrilla no eran amenaza para la seguridad interna de Colombia ni para Estados Unidos en su empeño de enfrentar la Guerra Fría. ¿En que sustenta su apreciación?
- No, no eran amenaza, para nada. Esta idea de "repúblicas independientes" que salió del hijo de Laureano Gómez, Álvaro Gómez Hurtado, simplemente eran unas comunidades campesinas que, si se mira la historia, lo que buscaban era incorporarse al sistema, por eso no eran ni independientes ni constituían amenaza alguna. Pero la negativa del Estado a dialogar con ellos, a atender sus necesidades básicas, a invertir en el campo, condujo a que se organizaran bajo el influjo comunista y vino entonces la estigmatización al señalarlos como amenaza para Colombia y para el hemisferio occidental, y esto es un absurdo a mi manera de ver.
- ¿En estos momentos gobiernos progresistas como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador son amenazas para la hegemonía de Estados Unidos en América Latina?
- No son amenazas de ninguna manera para Estados Unidos, lo que hay son nuevas fuerzas sociales y políticas que han logrado asumir el poder, las cuales tienen derecho a cometer errores.
- ¿Y entonces por qué el Comando Sur de Estados Unidos pretende utilizar siete bases militares colombianas?
- Porque Estados Unidos los mira como amenaza pero ello es un error, lo que hay en esos países latinoamericanos son nuevas corrientes. Sería mejor para Estados Unidos aceptar esas realidades sociales y políticas, y respetar la situación interna de cada país, teniendo relaciones abiertas con ellos. Hay voces norteamericanas que quieren hacer eso pero hasta ahora lo que se sigue imponiendo es casi una óptica de la Guerra Fría, en el sentido de privilegiar el discurso de amigos y enemigos, como si no estuviéramos en otra época. Cuba sigue siendo comunista pero no representa hoy en día ninguna amenaza para Estados Unidos.
- ¿Por qué el bloqueo entonces?
- Esa es la pregunta. En buena medida por la reacción y la miopía del pasado, y claro, por los intereses internos de sectores como la comunidad cubana en la Florida, algunos senadores, etc. Es decir, es anacrónica esta política, pero lo sorprendente es que sigue.
- Volvamos al tema de Colombia. ¿Después de ocho años de gobierno autoritario y militarista como el de Álvaro Uribe Vélez, lo que se abre para este país es una solución política al conflicto armado interno?
- Espero que sí, no voy a afirma eso, pero ojalá haya una reflexión en torno de que la política militar y la denominada Seguridad Democrática llegaron a sus límites, ha cambiado el campo de batalla sin duda, pero no se ha derrotado a la guerrilla y ha habido un gran costo en la consolidación del poder paramilitar. Espero que haya una oportunidad para la búsqueda de una salida política. El presidente Santos muy cautelosamente está dando indicaciones en el sentido de que está abierto siempre y cuando haya muestras de la guerrilla. Vamos a ver, ojalá que sí.
- Las soluciones militares por lo visto en Irán y en Afganistán están mandadas a recoger…
- Así es, en Afganistán no ha habido una salida y los Estados Unidos están comprometidos a salir en 2011, por lo que creo que en ese país va a darse una solución política.
Agosto de 2010
viernes, 20 de agosto de 2010
martes, 17 de agosto de 2010
Participa conmigo en PUYeQUY MUYSQA - CORAZÓN MUISCA el MANHOA
|
jueves, 5 de agosto de 2010
FORMULA PARA SALVAR AL PLANETA TIERRA
El agua como mercancía
Frei Betto
El capitalismo mercantiliza los bienes de la naturaleza, los frutos del trabajo humano, todos los aspectos de nuestra vida. Aprendemos en la escuela que el 71% de nuestro cuerpo es agua, la misma proporción existente en nuestro planeta.
Bebemos litros de agua en el transcurso del día. ¿Salida de un viejo y buen filtro? No. Generalmente, de botellas compradas en supermercados. ¿Quién garantiza que el agua embotellada es más potable que la filtrada en casa? La propaganda; ella manipula nuestra mente y orienta nuestros hábitos.
Con la mirada puesta en la factura, las empresas transnacionales procuran infundir en la opinión pública la idea del agua como mercancía de gran valor económico, capaz de volverse una fuente de ingresos para un país como el Brasil. Se despoja al agua de su dimensión de derecho humano, de su carácter vital, de su dimensión sagrada. Quien se opone a esta ideología es tachado de “contrario al progreso”. Sin embargo, es en la defensa del agua como derecho y bien común donde reside la posibilidad de salvar al planeta Tierra –“Planeta Agua”– de la desolación, y que aseguremos la vida de las futuras generaciones.
El argumento para la mercantilización del agua es sencillo: teniendo que pagar, su utilización será más racional y cuidadosa. Pero eso no implica incluir el agua en la categoría de mercancía regida por las leyes del mercado.
Este argumento tiene su parte de verdad: se cuida más lo que es más caro. Las consecuencias, sin embargo, pueden ser graves si el agua es regida por la ley de la oferta y la demanda. El cobro por el uso del agua puede ser un mecanismo de administración peligroso desde el momento en que se establezcan precios diferenciados conforme a la concesión de su uso. Una fábrica de cerveza saca de un pozo artesiano toda el agua que necesita, sin pagar nada por ella. Después arroja parte de esa agua, ahora contaminada por detergentes y desechos, al río más próximo. El lucro por la venta de cerveza es todo para ella; la pérdida en el caudal subterráneo y la contaminación del río son de la comunidad local.
Una buena gestión cobraría un precio menor por el agua usada como insumo y un precio alto por el uso industrial, de modo que obligara a la industria a filtrar los desechos antes de verterlos de nuevo al río. También es necesario establecer precios diferenciados conforme al uso del agua (consumo humano, producción industrial, energía eléctrica, agricultura de regadío, ocio...).
En las zonas urbanas pagamos por los servicios de captación, tratamiento y distribución del agua, no por el agua en sí. La novedad es que, además de los servicios, tendremos que pagar también por el metro cúbico de agua utilizada. Si este precio adicional llega a excluir a alguien del acesso al agua, tal medida será éticamente inaceptable.
El principio que obliga a pagar a quien usa no puede ser aceptado en sentido contrario: “quien no paga no usa.” No siendo el agua una mercancía, sino un bien público, el principio sólo se aplica como norma reguladora del uso, sea cuantitativa (quien usa más agua paga más), sea cualitativamente (quien la usa para fines lucrativos paga más que quien la usa para consumo personal). Si no fuera así, el agua dejará de ser un derecho de todos los seres vivos, creándose un impasse ético y una tragedia: la de los excluidos del agua. (Traducción de J.L.Burguet)
- Frei Betto es escritor, autor, junto con Marcelo Barros, de “El amor fecunda el Universo. Ecologia y espiritualidad” (Agir), entre otros libros. www.freibetto.org twitter:@freibetto.br)
http://alainet.org/active/39947
Frei Betto
El capitalismo mercantiliza los bienes de la naturaleza, los frutos del trabajo humano, todos los aspectos de nuestra vida. Aprendemos en la escuela que el 71% de nuestro cuerpo es agua, la misma proporción existente en nuestro planeta.
Bebemos litros de agua en el transcurso del día. ¿Salida de un viejo y buen filtro? No. Generalmente, de botellas compradas en supermercados. ¿Quién garantiza que el agua embotellada es más potable que la filtrada en casa? La propaganda; ella manipula nuestra mente y orienta nuestros hábitos.
Con la mirada puesta en la factura, las empresas transnacionales procuran infundir en la opinión pública la idea del agua como mercancía de gran valor económico, capaz de volverse una fuente de ingresos para un país como el Brasil. Se despoja al agua de su dimensión de derecho humano, de su carácter vital, de su dimensión sagrada. Quien se opone a esta ideología es tachado de “contrario al progreso”. Sin embargo, es en la defensa del agua como derecho y bien común donde reside la posibilidad de salvar al planeta Tierra –“Planeta Agua”– de la desolación, y que aseguremos la vida de las futuras generaciones.
El argumento para la mercantilización del agua es sencillo: teniendo que pagar, su utilización será más racional y cuidadosa. Pero eso no implica incluir el agua en la categoría de mercancía regida por las leyes del mercado.
Este argumento tiene su parte de verdad: se cuida más lo que es más caro. Las consecuencias, sin embargo, pueden ser graves si el agua es regida por la ley de la oferta y la demanda. El cobro por el uso del agua puede ser un mecanismo de administración peligroso desde el momento en que se establezcan precios diferenciados conforme a la concesión de su uso. Una fábrica de cerveza saca de un pozo artesiano toda el agua que necesita, sin pagar nada por ella. Después arroja parte de esa agua, ahora contaminada por detergentes y desechos, al río más próximo. El lucro por la venta de cerveza es todo para ella; la pérdida en el caudal subterráneo y la contaminación del río son de la comunidad local.
Una buena gestión cobraría un precio menor por el agua usada como insumo y un precio alto por el uso industrial, de modo que obligara a la industria a filtrar los desechos antes de verterlos de nuevo al río. También es necesario establecer precios diferenciados conforme al uso del agua (consumo humano, producción industrial, energía eléctrica, agricultura de regadío, ocio...).
En las zonas urbanas pagamos por los servicios de captación, tratamiento y distribución del agua, no por el agua en sí. La novedad es que, además de los servicios, tendremos que pagar también por el metro cúbico de agua utilizada. Si este precio adicional llega a excluir a alguien del acesso al agua, tal medida será éticamente inaceptable.
El principio que obliga a pagar a quien usa no puede ser aceptado en sentido contrario: “quien no paga no usa.” No siendo el agua una mercancía, sino un bien público, el principio sólo se aplica como norma reguladora del uso, sea cuantitativa (quien usa más agua paga más), sea cualitativamente (quien la usa para fines lucrativos paga más que quien la usa para consumo personal). Si no fuera así, el agua dejará de ser un derecho de todos los seres vivos, creándose un impasse ético y una tragedia: la de los excluidos del agua. (Traducción de J.L.Burguet)
- Frei Betto es escritor, autor, junto con Marcelo Barros, de “El amor fecunda el Universo. Ecologia y espiritualidad” (Agir), entre otros libros. www.freibetto.org twitter:@freibetto.br)
http://alainet.org/active/39947
Suscribirse a:
Entradas (Atom)