martes, 2 de marzo de 2010
SALARIO MÍNIMO E INEQUIDAD EN AJUSTE AL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA
RENTABILIDAD FINANCIERA, AJUSTE AL SISTEMA DE SALUD Y SALARIO MÍNIMO
OSCAR RODRÍGUEZ SALAZAR
Director. Grupo de Protección Social
CID. Universidad Nacional de Colombia
Febrero 20 de 2010
Las noticias y las propuestas económicas de la última semana ponen de manifiesto las profundas inequidades de la sociedad colombiana. La Superintendencia Financiera reporta que para el 2009 se presentaron incrementos de las utilidades de los intermediarios financieros con relación a lo acontecido en el 2008. A diciembre del 2009 dichas utilidades alcanzaron $8.5 billones, más de $2 billones con relación al año inmediatamente anterior; los establecimientos de crédito obtuvieron $5.5 billones, las aseguradoras $1.39 billones y los fondos administrados obtuvieron ganancias de $28.1 billones (en el 2008 anunciaban ganancias por $4.2 billones). Este comportamiento se puede explicar, en parte, por el comportamiento de los TES (títulos de tesorería emitidos por el gobierno para financiar el déficit fiscal): el 46,6% del portafolio de inversiones del sistema ($272.4 billones) estaba representado en títulos de deuda pública.
Esta información financiera debe ser relacionada con la "intencionalidad" de la emergencia social. En diversos escenarios hemos planteado que los decretos emitidos por el Ministerio de Protección Social bajo el amparo de la emergencia intentan proteger los recursos del FOSYGA que se ha convertido en la caja menor de la Tesorería de la Nación. En el informe anual (2007-2008) que el Consejo de Seguridad Social en Salud envió a las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara de la República se afirma que de un total de $5.9 billones del Fondo, a diciembre del 2009, el 75.38% estaba colocado en TES, lo que representaba un incremento del 12.93% en referencia a 2008; y que el 42.7% de los títulos tienen vencimiento entre 90 y 180 días, y el 30.8% entre 180 y 730 días. Entre las razones expuestas por el Gobierno para decretar la emergencia social se señala la necesidad de disminuir aquellos cobros que deben ser asumidos por el Fosyga, no importa que se afecten las condiciones de salud para la gran mayoría de la población colombiana. Esta sería otra explicación de la razón por la cual los recobros de las EPS al Fosyga sufren demoras que no tienen mayor justificación.
El decreto 128, que regula las prestaciones excepcionales en salud, es uno de los más. Los estudios sobre gastos en salud muestran que en ciertos períodos de la vida se incrementa el gasto (menores de un año y personas mayores de 60). Entre los principios que rigen estas prestaciones se encuentra la necesidad ("es el estado en el que una persona requiera prestaciones excepcionales en salud que son indispensables para preservar o recuperar la salud y representa un riesgo inminente o peligro irresistible para la vida si no se suministra"). Según el decreto mencionado, estas prestaciones serán cofinanciadas –de acuerdo a la capacidad de pago- por el afiliado y el FONPRES. Obviamente estas prestaciones son las más costosas y se presentan por deterioro de las condiciones de salud y tienen que ser costeadas sin tener en cuenta la fidelidad al sistema. Es decir, independientemente de que el afiliado haya estado aportando durante varios lustros al sistema -y que no haya presentado mayores gastos en salud, lo que significa que ha sido solidario con los demás afiliados-, en el momento en que su salud se deteriore el debe asumir parte del gasto, llegando al empobrecimiento por qué bien conocido que cualquier colombiano es pobre frente a las enfermedades catastróficas. Proteger los recursos de Fosyga –administrado por las Fiduciarias de grupos económicos (Bogotá, Occidente, Banco de Colombia, Previsora y Agraria)-, y asegurarles altos rendimientos financieros a los intermediarios, mientras se aumentan los gastos de bolsillo en salud de los colombianos, llevándolos al borde de la pauperización en enfermedades catastróficas, serán los resultados previsibles de la emergencia social.
De otra parte el DANE ha reportado algunos indicadores sobre el mercado laboral. Además de la alta tasa de desempleo, que a diciembre del 2009 y para 7 áreas metropolitanas se ubica en el 11.8%, la informalidad laboral alcanzaba al 58.3% de la población ocupada, lo que equivale a 5.335.000 trabajadores, el 85.2% de estos ocupados no están cubierto por alguno de los componentes del sistema de seguridad social. Con miras a solucionar la precariedad laboral y generar mayores puestos de trabajo se han propuesto dos medidas por parte del gobierno y algunos centros de investigación como Fedesarrollo: disminuir el salario mínimo (smlv) en algunas regiones, haciéndolo diferencial y suprimir los para fiscales (aportes al Sena, cajas de compensación). La evidencia empírica para sostener estos ajustes, independientemente de los resultados sobre la extensión y profundización de la pobreza y de los procesos migratorios que genere, es que el smlv es superior al ingreso per cápita
En coyunturas de recesión económica como la que atraviesa la economía colombiana, donde el crecimiento del PIB es inferior al 0.5% y el crecimiento de la población gira alrededor del 1.8%, es evidente la disminución del ingreso per-cápita, lo que se traduce en el empobrecimiento de la población. Sin embargo, si comparamos el smlv con el valor de la canasta familiar para los empleados colombianos, encontramos que para ese mismo año se requerían dos y medio smlv para tener unas condiciones de vida adecuada; la conclusión es completamente diferente; el smlv es reducido lo que conduce a incrementar la tasa de participación y aumento del desempleo. En el trasfondo de estas propuestas se le endilga al salario mínimo ser una suerte de enemigo del sistema económico: se le imputa el crecimiento de la inflación (concebida, a su vez, como el peor de los males) y la generación del desempleo.
Esta clase de recomendaciones traducen una particular forma de compresión del mundo laboral desde la óptica de los costos empresariales, lo que refleja, en últimas, la creencia de que mantener o acrecentar la ganancia empresarial es la función objetivo del país. No obstante, esta visión se enmascara en el discurso tradicional que utilizan los gremios, los grupos económicos, las directivas del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, algunos centros de investigación y los áulicos de la política económica, para quienes las medidas del gobierno se hacen en defensa de los pobres. Y, por ello, se atreven a sostener que un incremento salarial conduciría a ampliar la pobreza.
Con una economía altamente especulativa donde la tasa de intermediación significa 5 veces la tasa de captación (tarjetas de crédito que cobran el 24% anual con una inflación cercana al 2%), no es extraño que se presenten esta clase de propuestas. Un empresario que es "víctima" del sector financiero, para poder ser competitivo tiene que ajustar costos vía la flexibilización del mercado laboral. Esta dinámica de dominación financiera, como la ha caracterizado la CEPAL, se ha traducido en un régimen de bajos salarios, donde las ganancias en productividad no se reflejan en incrementos salariales.
Tal condición explica buena parte de la concentración del ingreso, que a juzgar por los datos presentados por la CEPAL es bastante elevado: el coeficiente de Gini para Colombia llegó a 0.61 en 2007. Es justamente este régimen de bajos salarios el que hace que el salario mínimo esté muy cercano al salario promedio de la economía, no se trata de que el primero sea muy elevado sino de que un amplio porcentaje de los trabajadores apenas devenga un salario mínimo. Al adoptar una perspectiva menos restringida del salario se observa su provechosa articulación con la economía nacional: el salario también es consumo. De ahí que un lento crecimiento de la remuneración al trabajo genere un comportamiento similar en el consumo y, en consecuencia, restricciones en la expansión de la demanda.
Con la reducción del smlv se busca otro efecto colateral: reducir el déficit fiscal por la vía de la reducción de las mesadas pensionales. Por mandato constitucional las pensiones deben ser reajustadas de acuerdo con la variación del smlv por esta razón cuando a finales de cada año se discute el aumento del salario mínimo se tiene como uno de sus parámetros de negociación los efectos fiscales de esa decisión. En los argumentos esbozados por el gobierno es la forma como el pasivo pensional impacta el gasto público: del presupuesto del 2010 se destina al pago de pensiones el 4.5% del PIB, lo que equivale al 17% del mencionado presupuesto. Con diferentes salarios mínimos, para incrementar las mesadas pensionales el gobierno discrecionalmente puede seleccionar el más bajo o un promedio entre ellos. Ello sería otra forma de allanar el camino para adelantar una reforma pensional y de contera debilitar el sistema de prima media, propiciando el traslado de sus afiliados a los fondos privados de pensiones sector monopolizado, en el que seis fondos controlan el ahorro más importante de la economía: Protección, Skandia, CITI Colfondos, ING pensiones y cesantías, BBVA horizonte.
Vale la pena recordar que en diversas oportunidades se ha intentado fraccionar aún más el sistema pensional abriendo la posibilidad al pago de pensiones por debajo del salario mínimo. Los medios para desarrollar este sistema son los fondos privados de pensiones y el Fondo Nacional del Ahorro. Se espera que las cuentas de ahorro individual de los trabajadores pobres tengan una rentabilidad igual a la inflación, en estas cuentas se depositarán los ahorros de los afiliados, los rendimientos financieros de las cuentas y los subsidios que otorgue el gobierno a los trabajadores. De estos recursos saldrán los Beneficios Económicos Periódicos (BEP) o pensión por debajo del salario mínimo. Esta nueva modalidad, además de fortalecer los Fondos Privados de Pensiones con lo ahorros de la población pobre, contribuye a informalizar aún más el mercado de trabajo y a fomentar la elusión del sistema.
La propuesta de un smlv diferenciado por regiones que está siendo liderada desde el DNP y que ha tenido eco en ciertos medios académicos y centros de investigación es un claro atentado contra las condiciones de vida de los asalariados, coadyuva a la concentración del ingreso y debilita los sistemas de protección social al incrementar la pobreza laboral.